27 de junio de 2022
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#Tablero || Expresidente Alejandro Toledo será extraditado de Estados Unidos a Perú

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El juez de Estados Unidos que durante más de dos años ha llevado el caso de extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) avaló este martes que el exmandatario sea entregado a las autoridades peruanas, al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida.

Con el visto bueno de la Justicia estadounidense, dependerá ahora del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, tomar la decisión final sobre si se extradita o no al exmandatario peruano. Dado que ha sido el propio Gobierno de EE.UU. el que ha representado los intereses de Perú a lo largo del proceso, todo hace suponer que Blinken procederá con la extradición, aunque por el momento el Departamento de Estado aún no se ha manifestado al respecto.

El tratado de extradición entre ambos países que ha examinado el juez y en virtud del cual se puede proceder con la entrega de Toledo a las autoridades peruanas se firmó el 26 de julio de 2001, justo dos días antes de que Toledo accediera a la Presidencia de Perú.

El expresidente fue detenido en julio de 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años y estuvo ocho meses en prisión, al apreciar el juez un riesgo de fuga, aunque finalmente pudo salir de la cárcel y pasar a una situación de arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia de covid-19.

Según las investigaciones de la Fiscalía peruana, el exmandatario de 75 años habría recibido hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú, cuando aún era jefe del Gobierno.

La resolución de hoy por parte de la Justicia es firme y no puede ser apelada, aunque la defensa de Toledo sí podría solicitar como último recurso una orden de «habeas corpus» para comparecer ante un tribunal y que este decida si su arresto fue o no legal. Aun así, la petición de «habeas corpus» por parte de Toledo no paralizaría automáticamente el proceso, sino que sería la Corte la que tendría que ordenar específicamente que se ponga en suspensión la extradición mientras esta se resuelve.

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